El próximo sábado, 1 de septiembre, unos 150.000 inmigrantes irregulares se quedan sin tarjeta sanitaria. Las embarazadas y los menores tienen garantizada la asistencia, pero el resto solo podrán acudir a urgencias. ¿Qué ocurrirá con los pacientes crónicos, los que padecen VIH, los que necesitan hemodiálisis, los que sufren patologías psiquiátricas? A apenas cinco días de la entrada en vigor del real decreto que excluye a parte de la población del sistema ordinario de salud, las preguntas aún son muchas.
Más de 1.500 médicos se han declarado objetores: afirman que seguirán tratando a los sin papeles. ¿Podrán hacerlo? ¿Cómo? Hay comunidades, como la valenciana, que han prohibido expresamente a los objetores atender a los irregulares en horas de trabajo; otras, como Madrid, sostienen que todo el mundo será atendido y luego se pasará la factura al enfermo o a su país de origen (algo poco factible porque los convenios con otros países, de existir, no suelen cubrir a los irregulares).
Además de los médicos, la red pública la integran otros profesionales: administrativos, enfermeros, técnicos de laboratorio… Reconstruimos con ellos cómo se podría sortear la prohibición.
El mostrador
Rosa Rivero trabaja en la sanidad pública desde 1989. Es auxiliar administrativa en el centro de salud Gandhi, en San Blas, un distrito periférico de Madrid. Sabe que muchos de los pacientes a los que pide la tarjeta sanitaria para darles cita o gestionar una prueba diagnóstica no tendrán nada que entregarle a partir de septiembre. Pero no piensa dejar de atenderles. “Ya no les podré dar cita, pero claro que les mandaré al médico”, dice. “Si viene una persona al mostrador y dice que necesita un médico, yo no soy quién para preguntarle qué le pasa y tomar una decisión. Le diré que el médico de guardia está en tal sala y que hable con él”. Supongamos que el facultativo atiende al inmigrante y que este necesita ser derivado a un especialista. “No estará en la base de datos, así que no se podrá hacer la derivación”, lamenta. “Me temo que nos van a convertir en taquilleras, que esperan que tratemos a la gente como si fueran al cine y no como personas que necesitan atención sanitaria”.
“Ninguno de mis compañeros va a tener el valor de decirle a alguien que venga mal que no se le atiende”, confía la administrativa de un centro de salud madrileño que prefiere no dar su nombre. En su trabajo han tenido reuniones internas para ver cómo gestionar la situación. “Los administrativos no somos competentes para valorar un caso: remitiremos al paciente al médico de urgencia del centro para que sea él quien tenga la última palabra”, explica. En la próxima reunión concretarán qué médicos del centro van a colaborar con este sistema. “Tengo 52 años y nunca se me ha dicho en una consulta que no me van a atender, así que me parece fatal que alguien tenga que pasar por esa situación”, concluye.
Hacia la consulta
“En mi centro de salud hay mucha población extranjera: sudamericanos, últimamente muchos chinos…”, cuenta Carlos Prieto, celador del centro Gandhi. “Pienso seguir atendiéndoles normalmente, independientemente de si les corresponde legalmente la asistencia o no. No pienso preguntar. Si llega una persona con movilidad reducida, le preguntaré adónde se dirige y le llevaré, como hago siempre”.
El médico de familia
“Algo tiene que hacer la Consejería de Sanidad para evitar el caos descomunal que va a ser esto”, opina, conciliador, José Luis Quintana, médico de familia en el centro de salud El Greco, en Getafe (Madrid). “Confío en que arbitre una salida; si no la hay, habrá que inventarla”, añade. “Hay que atender a todo el mundo. No ya por una cuestión ética, que también, sino legal incluso. Hay un artículo en el Código Penal sobre la denegación de auxilio. Estos días estamos oyendo de todo, como que los objetores tenemos que atender fuera del horario laboral. Eso no puede ser. Si un señor dice que está enfermo yo tengo que verle. Y si necesita análisis o radiografías hablaré con los compañeros para poderlo tramitar… si puedo”. Lo primero que hará Mario Soler, de 55 años, médico de familia en Murcia, es poner un cartel en la puerta de su consulta; en él anunciará que es objetor y que atiende a inmigrantes sin papeles. Y avisará a las administrativas. Cuando se lo soliciten, apretará su horario para hacerles un hueco: “Les daré cita al final de mi horario de consulta para que el resto de pacientes no puedan decir que se retrasa su atención por su culpa”. De nueve de la mañana a dos de la tarde suele pasar consulta. Hasta las tres se dedica a hacer informes o reuniones. Será ese tiempo, de 14.00 a 15.00, el que dedique a atenderles. ¿Y qué hará con el trabajo al que dedicaba esa hora diaria? “Lo haré más deprisa o saldré un poco más tarde. No van a ser tantos; en ningún caso me va a desbordar ni a trastocar mi trabajo, estoy seguro”.
Hasta ahí, Mario solo depende de él y de su tiempo. El problema de las pruebas ha pensado solucionarlo con un resquicio del sistema: si se le permite atender urgencias, entonces su truco será tratarlos a todos como urgentes. “Que me argumenten que no es urgente una infección de orina. ¿Y si se complica y acaba en una pielonefritis?”, inquiere. Más complicado será derivarles a un especialista. Sospecha que no va a ser tan fácil como cuando se pedía un favor para un hermano o un amigo. “Si mi paciente necesita a un cardiólogo y yo no conozco a ninguno, ¿qué voy a hacer?”.
En todo caso, no tiene dudas sobre la cuestión de fondo: “Pocas cosas en mi vida profesional he tenido más claras que esta. Mi lealtad con el sistema nacional de salud es importante, pero tengo otra lealtad con mis pacientes y en este conflicto ético he optado por darles prioridad a ellos”, argumenta. Él cree que los médicos que no van a objetar se equivocan: “Para un médico es un delito denegar asistencia a un enfermo. Los que quieran cumplir la norma van a tener un gran conflicto”.
Sagrario Martín, médico de familia en un centro de atención primaria de Madrid, resume su postura: anteponer la ética a la norma. “La salud es un derecho humano, independientemente de la situación administrativa de la persona”, dice. Y añade que excluir de la asistencia a un colectivo “especialmente vulnerable” tiene riesgos de salud pública: enfermedades infecciosas que no se atajan, retraso en diagnósticos, saturación de urgencias… No tiene claro cómo hará efectiva su objeción. “Hay mucha confusión. Cada día surgen nuevas informaciones sobre cómo se aplicará la norma en cada autonomía. Va a ser difícil”, reconoce. “Hasta que sepamos cómo quedan esas barreras no podremos decidir qué hacer”.
La enfermera
Remedios Piqueras ya se ha puesto manos a la obra. Ha empezado a hacer llamadas a especialistas, a médicos de urgencias, a colegas en hospitales. El objetivo: averiguar quién está —también— en el barco. Promete que ya tiene a unos cuantos. El ejercicio de la objeción de conciencia en esta enfermera de 50 años, con 25 de profesión, va más allá de seguir poniendo puntos o hacer curas a los inmigrantes irregulares que llamen a la puerta: “Intentaremos crear una red para atender a todo el mundo. En lo que no dependa de mí también intentaré que haya una persona que les atienda”. Una red construida con el boca a boca, que tendrá que volver a los métodos tradicionales. “Si el sistema no me permite informáticamente derivarles al especialista, tendré que escribirlo a mano. Al fin y al cabo, llegará a quien ya sepa que le puede llegar”, propone. En su centro de salud, en Murcia, los objetores ya se han reunido para estudiar cómo organizarse. De momento hay muchas dudas; solo serán conscientes de lo que son capaces de hacer una vez lo pongan en marcha. “Va a ser difícil, pero confío en que al final seamos muchos”.
El hospital
“Cualquier acto médico requiere la tarjeta sanitaria. Hay que pasar la banda magnética físicamente, para todo”, señala Rafael Bornstein, hematólogo del hospital de la Cruz Roja de Madrid. Se declara objetor, pero admite que será “difícil llevarlo a la práctica”. Si se le pregunta qué hará él si, por ejemplo, un colega de primaria le pide que atienda a un sin papeles, no duda: “Le vería si me lleva 10 o 15 minutos de mi tiempo. Y no consultaría a la dirección. Otra cosa es utilizar recursos diagnósticos del hospital. Entonces pediría permiso y, como supongo que no me lo darían, no iría más allá”.
“Los irresponsables serán los que no objeten”, suelta la psiquiatra Eudoxia Gay, que trabaja en el centro de salud mental de Carranque, dependiente del hospital Virgen de la Victoria de Málaga. “Seguiré viendo a los pacientes las veces que sea necesario”, asegura. Ella confía en que sigan funcionando los “espacios informales de comunicación” con los médicos del centro de salud, de forma que los enfermos mentales sigan llegando a su puerta una vez detectados en primaria. “El enfermo mental es la antítesis del turista sanitario. Jamás demandará atención. En muchos casos ni siquiera tiene consciencia de la enfermedad. Con los enfermos mentales es imposible la alternativa de la ONG. No podemos hacer caridad ni beneficencia. No pueden ser atendidos en urgencias. Al enfermo mental hay que detectarlo, y eso pasa en primaria”, explica.
Gay cree que el “riesgo para la salud pública” es especialmente agudo en el caso de la psiquiatría. “Si no tratamos a los inmigrantes, se incrementará la bolsa de marginalidad enferma”, avisa. Sabe que será difícil objetar, sobre todo en el caso de los tratamientos farmacológicos, “que son caros”, y de recursos como pisos o centros de día. ¿Y si algún enfermo irregular necesita hospitalización? “Buscaré el ingreso a partir de la puerta de urgencias”.
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) admite que su campaña en favor de la objeción de conciencia es más una medida de presión que un plan organizado. Su presidente, Josep Basora, aún confía en que el Ministerio de Sanidad dé marcha atrás a una medida que considera injusta e ineficaz. Médicos del Mundo también promueve en su página web la firma para apoyar la objeción del personal sanitario y la retirada de la normativa a través de la campaña Derecho a curar. Y la web yosisanidaduniversal.net va un paso más allá en el activismo: permite descargar modelos de historias clínicas alternativas y formularios con los que derivar a alguien a un especialista o pedir una analítica a un paciente que no consta en ninguna base de datos. La iniciativa propugna la “desobediencia civil” de profesionales y usuarios contra el decreto del Gobierno, pero no quiere crear “un sistema paralelo”, dice una colaboradora.
Pruebas diagnósticas
Miguel García Berciano, de 39 años, trabaja en el laboratorio de un hospital madrileño, en el que analizan la sangre y otras muestras biológicas de los pacientes del hospital y de varios centros de salud. Los tubos con las muestras llegan con códigos de barras y ellos no saben a quién corresponden, por lo que no pueden discriminar si se trata de un inmigrante irregular o no. Es decir, si el médico sortea el sistema y logra colar las muestras, se analizarán de forma habitual. Pero Miguel estaría dispuesto a colaborar incluso al margen del sistema: “El médico tendría que acercarse directamente al laboratorio con la muestra en mano; si lo hace, aunque sea sin código de barras, intentaremos analizarla”. “Pero yo tengo muchos filtros por encima. Cuando llegue a mí ya habrá superado muchas barreras”, lamenta.
Lola Gimeno, de 57 años, es técnica de anatomía patológica y citología en un hospital de Madrid. Hace autopsias, biopsias y citologías. “Tengo poca capacidad de decisión; si el médico pide la prueba no tengo más que hacerla”, explica. ¿Y si le consta que es de un inmigrante irregular? “Yo lo haré, la salud es un derecho de todos, me da igual el país en el que hayan nacido”, contesta. Sí necesitaría, sin embargo, la firma del patólogo que pida la prueba. “Ahí tengo las manos pilladas”.Dissabte vinent, 1 de setembre, uns 150.000 immigrants irregulars es queden sense targeta sanitària. Les embarassades i els menors tenen garantida l’assistència, però la resta només podran anar a urgències. Què passarà amb els pacients crònics, els que pateixen VIH, els que necessiten hemodiàlisi, els que pateixen patologies psiquiàtriques? A només cinc dies de l’entrada en vigor del Reial decret que exclou part de la població del sistema ordinari de salut, les preguntes encara són moltes.
Més de 1.500 metges s’han declarat objectors: afirmen que seguiran tractant als sense papers. Podran fer-ho? Com? Hi ha comunitats, com la valenciana, que han prohibit expressament als objectors atendre els irregulars en hores de treball, altres, com Madrid, sostenen que tothom serà atès i després es passarà la factura al malalt o al seu país d’origen (alguna cosa poc factible perquè els convenis amb altres països, d’existir, no solen cobrir els irregulars).
A més dels metges, la xarxa pública la integren altres professionals: administratius, infermers, tècnics de laboratori … Reconstruïm amb ells com es podria esquivar la prohibició.
El taulell
Rosa Rivero treballa en la sanitat pública des de 1989. És auxiliar administrativa al centre de salut Gandhi, a Sant Blai, un districte perifèric de Madrid. Sap que molts dels pacients als quals demana la targeta sanitària per donar-los cita o gestionar una prova diagnòstica no tindran res a lliurar a partir de setembre. Però no pensa deixar d’atendre’ls. “Ja no els podré donar cita, però clar que els enviaré al metge”, diu. “Si ve una persona al taulell i diu que necessita un metge, jo no sóc qui per preguntar-li què li passa i prendre una decisió. Li diré que el metge de guàrdia està en tal sala i que parli amb ell “. Suposem que el facultatiu atén l’immigrant i que aquest necessita ser derivat a un especialista. “No està a la base de dades, així que no es podrà fer la derivació”, lamenta. “Em temo que ens van a convertir en taquilleres, que esperen que tractem a la gent com si fossin al cinema i no com a persones que necessiten atenció sanitària”.
“Cap dels meus companys tindrà el valor de dir-li a algú que vingui malament que no se l’atén”, confia l’administrativa d’un centre de salut madrileny que prefereix no donar el seu nom. En el seu treball han tingut reunions internes per veure com gestionar la situació. “Els administratius no som competents per valorar un cas: remetrem al pacient al metge d’urgència del centre perquè sigui ell qui tingui l’última paraula”, explica. A la propera reunió concretaran quins metges del centre col · laboraran amb aquest sistema. “Tinc 52 anys i mai m’ha dit en una consulta que no em van a atendre, així que em sembla fatal que algú hagi de passar per aquesta situació”, conclou.
Cap a la consulta
“En el meu centre de salut hi ha molta població estrangera: sud-americans, últimament molts xinesos …”, explica Carlos Prieto, zelador del centre Gandhi. “Penso seguir atenent-normalment, independentment de si els correspon legalment l’assistència o no. No penso preguntar. Si arriba una persona amb mobilitat reduïda, li preguntaré on es dirigeix i li portaré, com faig sempre “.
El metge de família
“Alguna cosa ha de fer la Conselleria de Sanitat per evitar el caos descomunal que serà això”, opina, conciliador, José Luis Quintana, metge de família al centre de salut El Greco, a Getafe (Madrid). “Confio que arbitri una sortida, si no n’hi ha, haurà d’inventar”, afegeix. “Cal atendre a tothom. No ja per una qüestió ètica, que també, sinó legal fins i tot. Hi ha un article en el Codi Penal sobre la denegació d’auxili. Aquests dies estem sentint de tot, com que els objectors hem d’atendre fora de l’horari laboral. Això no pot ser. Si un senyor diu que està malalt jo he de veure. I si necessita anàlisi o radiografies parlaré amb els companys per poder tramitar … si puc “. El primer que farà Mario Soler, de 55 anys, metge de família a Múrcia, és posar un cartell a la porta de la seva consulta, en ell anunciarà que és objector i que atén a immigrants sense papers. I avisar les administratives. Quan ho sol · licitin, estrenyerà el seu horari per fer-se un lloc: “Faré cita al final del meu horari de consulta perquè la resta de pacients no puguin dir que es retarda la seva atenció per culpa”. De 09:00-14:00 sol passar consulta. Fins a les tres es dedica a fer informes o reunions. Serà aquest temps, de 14.00 a 15.00, el que dediqui a atendre’ls. I què farà amb el treball al qual dedicava aquesta hora diària? “Ho faré més de pressa o sortiré una mica més tard. No seran tants, en cap cas em desbordar ni trastocar la meva feina, estic segur “.
Fins aquí, Mario només depèn d’ell i del seu temps. El problema de les proves ha pensat solucionar amb una escletxa del sistema: si se li permet atendre urgències, llavors el seu truc serà tractar a tots com urgents. “Que em argumentin que no és urgent una infecció d’orina. I si es complica i acaba en una pielonefritis? “, Inquireix. Més complicat serà derivar a un especialista. Sospita que no serà tan fàcil com quan es demanava un favor per a un germà o un amic. “Si el meu pacient necessita un cardiòleg i jo no conec a cap, què faré?”.
En tot cas, no té dubtes sobre la qüestió de fons: “Poques coses en la meva vida professional he tingut més clares que aquesta. La meva lleialtat amb el sistema nacional de salut és important, però tinc una altra lleialtat amb els meus pacients i en aquest conflicte ètic he optat per donar-los prioritat a ells “, argumenta. Ell creu que els metges que no van a objectar s’equivoquen: “Per a un metge és un delicte denegar assistència a un malalt. Els que vulguin complir la norma tindran un gran conflicte “.
Sagrario Martín, metge de família en un centre d’atenció primària de Madrid, resumeix la seva postura: anteposar l’ètica a la norma. “La salut és un dret humà, independentment de la situació administrativa de la persona”, diu. I afegeix que excloure de l’assistència a un col · lectiu “especialment vulnerable” té riscos de salut pública: malalties infeccioses que no es tallen, retard en diagnòstics, saturació d’urgències … No té clar com fer efectiva la seva objecció. “Hi ha molta confusió. Cada dia sorgeixen noves informacions sobre com s’aplicarà la norma a cada autonomia. Serà difícil “, reconeix. “Fins que sapiguem com queden aquestes barreres no podrem decidir què fer”.
La infermera
Remeis Piqueras ja s’ha posat mans a l’obra. Ha començat a fer trucades a especialistes, a metges d’urgències, a col · legues en hospitals. L’objectiu: esbrinar qui està-també-al vaixell. Promet que ja té a uns quants. L’exercici de l’objecció de consciència en aquesta infermera de 50 anys, amb 25 de professió, va més enllà de seguir posant punts o fer cures als immigrants irregulars que truquin a la porta: “Intentarem crear una xarxa per atendre a tothom . En el que no depengui de mi també intentaré que hi hagi una persona que els atengui “. Una xarxa construïda amb el boca a boca, que haurà de tornar als mètodes tradicionals. “Si el sistema no em permet informàticament derivar a l’especialista, hauré de escriure a mà. Al cap ia la fi, arribarà a qui ja sàpiga que li pot arribar “, proposa. En el seu centre de salut, a Múrcia, els objectors ja s’han reunit per estudiar com organitzar-se. De moment hi ha molts dubtes; només seran conscients del que són capaços de fer una vegada el posin en marxa. “Serà difícil, però confio que al final siguem molts”.
L’hospital
“Qualsevol acte mèdic requereix la targeta sanitària. Cal passar la banda magnètica físicament, per tot “, assenyala Rafael Bornstein, hematòleg de l’hospital de la Creu Roja de Madrid. Es declara objector, però admet que serà “difícil portar-lo a la pràctica”. Si se li pregunta què farà ell si, per exemple, un col · lega de primària li demana que atengui a un sense papers, no dubta: “Li veuria si em fa 10 o 15 minuts del meu temps. I no consultoria a la direcció. Una altra cosa és utilitzar recursos diagnòstics de l’hospital. Llavors demanaria permís i, com suposo que no m’ho donarien, no aniria més enllà “.
“Els irresponsables són els que no objectin”, deixa anar la psiquiatra Eudoxia Gay, que treballa al centre de salut mental de Carranque, dependent de l’hospital Verge de la Victòria de Màlaga. “Seguiré veient als pacients les vegades que sigui necessari”, assegura. Ella confia que segueixin funcionant els “espais informals de comunicació” amb els metges del centre de salut, de manera que els malalts mentals segueixin arribant a la seva porta un cop detectats a primària. “El malalt mental és l’antítesi del turista sanitari. Mai demandarà atenció. En molts casos ni tan sols té consciència de la malaltia. Amb els malalts mentals és impossible l’alternativa de l’ONG. No podem fer caritat ni beneficència. No poden ser atesos en urgències. En malalt mental cal detectar, i això passa a primària “, explica.
Gay creu que el “risc per a la salut pública” és especialment agut en el cas de la psiquiatria. “Si no tractem els immigrants, s’incrementarà la borsa de marginalitat malalta”, avisa. Sap que serà difícil objectar, sobretot en el cas dels tractaments farmacològics, “que són cars”, i de recursos com pisos o centres de dia. I si algun malalt irregular necessita hospitalització? “Buscaré l’ingrés a partir de la porta d’urgències”.
La Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (Semfyc) admet que la seva campanya a favor de l’objecció de consciència és més una mesura de pressió que un pla organitzat. El seu president, Josep Basora, encara confia que el Ministeri de Sanitat faci marxa enrere a una mesura que considera injusta i ineficaç. Metges del Món també promou a la seva pàgina web la signatura per donar suport a la objecció del personal sanitari i la retirada de la normativa a través de la campanya Dret a curar. I la web yosisanidaduniversal.net va un pas més enllà en l’activisme: permet descarregar models d’històries clíniques alternatives i formularis amb els de derivar a algú a un especialista o demanar una analítica a un pacient que no consta en cap base de dades. La iniciativa propugna la “desobediència civil” de professionals i usuaris contra el decret del Govern, però no vol crear “un sistema paral · lel”, diu una col · laboradora.
Proves diagnòstiques
Miguel García Berciano, de 39 anys, treballa al laboratori d’un hospital madrileny, on analitzen la sang i altres mostres biològiques dels pacients de l’hospital i de diversos centres de salut. Els tubs amb les mostres arriben amb codis de barres i ells no saben a qui corresponen, de manera que no poden discriminar si es tracta d’un immigrant irregular o no. És a dir, si el metge sorteja el sistema i aconsegueix colar les mostres, s’analitzaran de forma habitual. Però Miguel estaria disposat a col · laborar fins i tot al marge del sistema: “El metge hauria de acostar directament al laboratori amb la mostra en mà, si ho fa, encara que sigui sense codi de barres, intentarem analitzar”. “Però jo tinc molts filtres per sobre. Quan arribi a mi ja haurà superat moltes barreres “, lamenta.
Lola Gimeno, de 57 anys, és tècnica d’anatomia patològica i citologia en un hospital de Madrid. Fa autòpsies, biòpsies i citologies. “Tinc poca capacitat de decisió, si el metge demana la prova no tinc més que fer-la”, explica. I si li consta que és d’un immigrant irregular? “Jo ho faré, la salut és un dret de tots, tant me fa el país on hagin nascut”, contesta. Sí necessitaria, però, la signatura del patòleg que demani la prova. “Aquí tinc les mans agafades”.